En ciudades de varias entidades de México, las marchas convocadas por jóvenes y colectivos independientes han dado paso a un episodio de tensión social que vuelve a poner en primer plano la intersección entre inseguridad, crimen organizado y política. En particular, los recientes eventos en la Ciudad de México y municipios de la Fiscalía General de la República (FGR) han reflejado una creciente percepción de impunidad y una crítica explícita a lo que los manifestantes denominan “narcopolítica”.
El pasado fin de semana, el colectivo Somos Impacto México encabezó una marcha en el Zócalo capitalino con más de 1 000 participantes, exigiendo respuestas al alza de homicidios, desapariciones y a la supuesta connivencia entre autoridades y cárteles locales. Durante el recorrido, se desplegaron pancartas con consignas como “No más narcopolítica” y “Queremos seguridad, no silencio”. Aunque el evento fue pacífico, las autoridades realizaron un operativo preventivo con vallas y presencia policial reforzada.
El trasfondo es complejo. Varias investigaciones periodísticas y académicas atribuyen a redes criminales la capacidad de infiltrar ámbitos locales, desde gobiernos municipales hasta cuerpos policiales, lo que genera un ciclo de violencia difícil de contrarrestar. En un análisis comentado recientemente, esta dinámica se define como “la narcopolítica militarizada”.
De acuerdo con los colectivos convocantes, la movilización tiene también una dimensión simbólica: denunciar que la violencia no es solo un asunto de enfrentamientos entre cárteles, sino que impacta directamente a comunidades que demandan protección y justicia. Asimismo, señalan que la respuesta gubernamental ha sido hasta ahora insuficiente: los operativos se centran en detenidos menores y se diluye la investigación de vínculos de alto nivel.
Por ejemplo, en el Centro Histórico, antes de la marcha, activistas denunciaron que las autoridades retiraron calcomanías y mensajes vinculados al reclamo de narcopolítica, lo que fue interpretado como un intento de censura o desmotivación de la protesta.
Las implicaciones para los medios y la opinión pública son múltiples. Primero, se abre un espacio de legitimidad para que ciudadanía organizada demande rendición de cuentas a niveles locales y estatales. Segundo, el fenómeno puede golpear la percepción de gobernabilidad y atraer atención internacional, lo que podría presionar a los gobiernos para desplegar reformas en seguridad, transparencia y control interno.
En el plano práctico, los expertos coinciden en que las marchas pueden actuar como detonante, pero sin acompañarse de políticas públicas y resultados concretos, el ciclo de movilización-desilusión tiende a repetirse. Es decir: no basta la manifestación, sino que se exige un estado de cosas distinto.
El reto para las autoridades será equilibrar la seguridad pública con la garantía de las libertades civiles, bajo la mirada crítica de una población que cada vez está menos dispuesta a tolerar la inacción. Al mismo tiempo, los medios locales tienen la oportunidad de cubrir estos movimientos con profundidad —no solo crónicas de ruta, sino rastreando los nexos estructurales entre crimen, gobierno y sociedad.
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